Un tribunal federal de Estados Unidos ha desestimado la acusación penal contra el exdirector del FBI James Comey, uno de los críticos más duros del entonces presidente Donald Trump. La corte consideró que la fiscal responsable del caso había sido nombrada de forma provisional sin cumplir plenamente los requisitos legales, lo que dejaba sin base la acusación presentada.

Con esta decisión, el proceso contra Comey queda suspendido y la resolución se interpreta como un revés para los intentos de llevar adelante causas penales contra figuras enfrentadas a la Casa Blanca. La imputación contra Comey se había presentado a finales de septiembre, en medio de una fuerte presión política sobre el sistema judicial. Al exjefe del FBI se le atribuían presuntos falsos testimonios y obstrucción de una investigación relacionada con sus declaraciones ante el Congreso.

Los cargos llegaron después de reiterados llamados del presidente para que se actuara contra personas a las que consideraba adversarios, en un contexto marcado por tensiones entre el Poder Ejecutivo y las instituciones encargadas de investigar posibles abusos de poder. El caso tiene una dimensión simbólica importante porque Comey dirigió la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y sobre los posibles vínculos entre Moscú y miembros del equipo de campaña de Trump.

Su destitución en 2017, cuando esa pesquisa aún seguía abierta, ya había generado polémica y sospechas de intromisión política. La caída de la acusación refuerza la percepción de que se estaría utilizando la maquinaria judicial para castigar a figuras incómodas, y alimenta el debate sobre los límites entre la lucha política y el respeto a la independencia de los fiscales y los tribunales.