El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está aprovechando la actual disputa presupuestaria para castigar a sus oponentes políticos y paralizar proyectos estratégicos en varios estados. En medio del cierre parcial del gobierno federal, que mantiene al aparato administrativo en gran parte bloqueado por falta de acuerdo, la Casa Blanca decidió congelar 26.000 millones de dólares (22.180 millones de euros), afectando directamente a infraestructuras críticas y a programas de energías renovables.
De esa cantidad, alrededor de 18.000 millones de dólares corresponden a proyectos de transporte en el estado de Nueva York, incluidos la construcción de un túnel ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey y la ampliación de una línea de metro en Manhattan, según informó el director de la Oficina de Presupuestos de Estados Unidos, Russell Vought. A esto se suman otros 8.000 millones de dólares destinados a energías renovables, distribuidos en 16 estados, entre ellos California, gobernada por el demócrata Gavin Newsom, uno de los más férreos rivales de Trump.
Las consecuencias políticas no tardaron en llegar: Nueva York es la base de poder de los dos demócratas de más alto rango en el Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, lo que acrecienta la percepción de que la medida tiene un carácter revanchista. Líderes de ambos partidos acusaron a Trump de utilizar los fondos como un arma política, señalando que los proyectos no son lujos partidistas, sino infraestructuras vitales para la seguridad, la movilidad y la economía del país.
La congresista demócrata Mikie Sherrill, candidata a la gobernación de Nueva Jersey, denunció en X que el bloqueo de fondos para el túnel Gateway es “un castigo directo a las familias trabajadoras de Jersey, desde los viajeros hasta los miembros del sindicato”, al que calificó como un nuevo ataque del movimiento MAGA contra la población civil.
El cierre del gobierno, el primero en casi seis años, ha puesto en licencia forzada a más de 750.000 empleados federales, mientras que soldados y agentes fronterizos siguen cumpliendo funciones sin recibir salario. La situación también afecta al ámbito económico: la Reserva Federal deberá afrontar retrasos en datos clave para fijar la política monetaria, lo que añade incertidumbre a los mercados y aumenta la presión sobre el Congreso.
