El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago, en medio de un clima político tenso y crecientes protestas contra las políticas de inmigración del gobierno. Según informó la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, los efectivos serán asignados para proteger a “los funcionarios públicos y la propiedad del gobierno federal”.
“El Presidente Trump no cerrará los ojos ante la anarquía que está afectando a las ciudades estadounidenses”, declaró Jackson este sábado (hora local). El gobierno argumenta que la medida busca prevenir disturbios y garantizar la seguridad ante el aumento de manifestaciones contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, líderes demócratas de Illinois calificaron la decisión como un intento de “militarizar la respuesta civil” y de “difundir el miedo con fines políticos”, en palabras del gobernador Jay Robert Pritzker y del senador Dick Durbin.
La polémica intervención se suma a otras decisiones recientes del Presidente Trump, quien la semana pasada ordenó también el envío de tropas de la Guardia Nacional a Portland, Oregón, argumentando la necesidad de proteger a agentes federales frente a “terroristas domésticos” del movimiento Antifa. No obstante, la jueza federal Karin J. Immergut bloqueó temporalmente esa orden, señalando que las protestas “no representaban un riesgo real de disturbios” y que las autoridades locales eran capaces de mantener el orden público sin apoyo militar federal.
La medida judicial estará vigente hasta el 18 de octubre. De acuerdo con la Constitución estadounidense, la Guardia Nacional suele estar bajo el mando de los gobernadores estatales, salvo en casos de emergencia nacional o guerra, cuando el Presidente puede asumir el control directo. Aunque tradicionalmente se la despliega ante desastres naturales o crisis humanitarias, en los últimos meses ha sido utilizada para reforzar la seguridad interna en varias ciudades.
El despliegue en Chicago se suma a los realizados en Washington D.C., Los Ángeles y Memphis, reforzando la percepción de una estrategia nacional orientada a mostrar autoridad frente a la ola de protestas. Para sus críticos, sin embargo, se trata de una política que amenaza con erosionar los límites entre seguridad y represión, reabriendo el debate sobre el uso de fuerzas militares dentro del territorio estadounidense.
