Un tribunal japonés condenó a cadena perpetua a Tetsuya Yamagami, autor del asesinato del ex primer ministro Shinzō Abe, en una sentencia que pone fin a uno de los casos más impactantes de la historia reciente de Japón. El fallo llega más de tres años después del crimen, que conmocionó al país y atrajo la atención internacional. Yamagami, de 45 años, ya había confesado el asesinato en octubre de 2025, cuando finalmente comenzó el juicio tras una serie de retrasos.
El ataque ocurrió el 8 de julio de 2022, durante un acto de campaña en la ciudad de Nara, en el oeste de Japón, donde Abe recibió disparos realizados con un arma de fabricación casera. El ex primer ministro, de 67 años, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue declarado muerto horas después. El asesinato resultó especialmente traumático para la sociedad japonesa, ya que la violencia armada es extremadamente rara en el país, que cuenta con algunas de las leyes sobre armas más estrictas del mundo.
Durante el proceso judicial, se confirmó que Yamagami actuó motivado por un resentimiento personal ligado a la Iglesia de la Unificación, también conocida como la “secta de la Luna”. El condenado responsabilizaba a esta organización de la ruina económica de su familia, tras las cuantiosas donaciones realizadas por su madre. Según las investigaciones, la madre de Yamagami habría entregado alrededor de 100 millones de yenes, equivalentes a cerca de un millón de dólares en ese momento, a la organización religiosa como parte de su compromiso de fe. El atacante vinculó a Shinzō Abe con la iglesia y decidió convertirlo en su objetivo.
El asesinato destapó un escándalo político de gran alcance en Japón, al salir a la luz los estrechos vínculos entre la Iglesia de la Unificación y numerosos legisladores conservadores del Partido Liberal Democrático (PLD), la fuerza gobernante. Como consecuencia, cuatro ministros se vieron obligados a dimitir. El caso provocó un intenso debate nacional sobre la relación entre política y religión, así como sobre los mecanismos de control de organizaciones religiosas y su influencia en la vida pública japonesa. También reavivó discusiones sobre seguridad en actos políticos, un tema que hasta entonces parecía prácticamente ajeno al país.
Con la sentencia de cadena perpetua, la justicia japonesa cierra un capítulo judicial, pero las consecuencias políticas y sociales del asesinato de Abe siguen presentes. El caso dejó una huella profunda en Japón y marcó un antes y un después en la percepción de la seguridad, la transparencia política y el papel de las organizaciones religiosas en la esfera pública.
