El gobierno español anunció que aprobará un decreto para regularizar la situación de miles de personas migrantes que ya se encuentran en el país. La ministra de Migración, Elma Saiz, explicó que se trata de una estimación inicial que podría alcanzar a unas cincuenta mil personas. Según detalló la ministra, el objetivo de la medida es reconocer y dar estabilidad jurídica a quienes ya viven en España, ofreciéndoles garantías legales, oportunidades laborales y acceso pleno a derechos.
Una vez regularizados, los beneficiarios podrán trabajar en cualquier sector y en cualquier parte del territorio nacional. El decreto está dirigido a personas que lleven al menos cinco meses residiendo en España y que hayan solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025. La iniciativa también contempla la inclusión de los hijos de solicitantes que ya se encuentran en el país. Desde el Ejecutivo, el presidente Pedro Sánchez defendió la política migratoria como una respuesta necesaria a los desafíos estructurales del país.
Entre ellos, destacó la falta de trabajadores en diversos sectores y el impacto del envejecimiento de la población sobre el sistema de pensiones y el estado del bienestar. El gobierno subrayó además los efectos positivos de la migración en la economía y en la sostenibilidad social, insistiendo en que la regularización no implica una apertura indiscriminada, sino una solución para personas que ya forman parte de la realidad española. La iniciativa, sin embargo, generó una fuerte reacción en sectores de la oposición.
Desde Vox, su diputado José María Figaredo expresó un rechazo frontal, calificando la medida como excesiva y acusando al Ejecutivo de utilizar la política migratoria con fines ideológicos. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó el momento elegido por el gobierno y sugirió que el decreto busca desviar la atención de otros problemas recientes, además de responder a presiones de los socios parlamentarios de izquierda.
Con esta propuesta, el debate migratorio vuelve a situarse en el centro de la política española, enfrentando dos visiones opuestas: una que prioriza la integración y la respuesta económica a largo plazo, y otra que alerta sobre el impacto social y político de este tipo de medidas.
