Italia propondrá a la Unión Europea la creación de una red de centros para gestionar y repatriar migrantes fuera del territorio comunitario. La iniciativa busca extender a escala continental el llamado modelo Albania impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni. El proyecto será presentado durante una reunión extraordinaria de ministros europeos del Interior. La convocatoria responde a la reciente crisis migratoria registrada en el enclave español de Ceuta. El ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, defenderá la propuesta ante los representantes de los Estados miembros.
Roma considera necesario establecer una estrategia común que acelere el retorno de personas sin autorización para permanecer en Europa. Los centros funcionarían en países de origen, tránsito u otros Estados considerados seguros. Italia espera que la iniciativa sea incorporada gradualmente a la política migratoria europea. La propuesta contempla la posibilidad de instalar centros en varias naciones africanas y algunos países próximos a Europa. Uganda aparece como una de las opciones más avanzadas dentro de las conversaciones preliminares.
También se han mencionado Ghana, Senegal, Túnez, Mauritania, Egipto, Etiopía, Armenia, Uzbekistán y Montenegro. Sin embargo, todavía no existen acuerdos definitivos con ninguno de esos gobiernos. Las instalaciones recibirían principalmente a migrantes irregulares con órdenes de expulsión o solicitudes de asilo rechazadas. Allí permanecerían mientras se preparan los documentos y procedimientos necesarios para su retorno. Los promotores del plan sostienen que esta estructura reduciría la presión sobre los sistemas migratorios europeos. También consideran que podría desalentar las travesías organizadas por las redes de tráfico de personas.
Italia pretende que la construcción y el funcionamiento de los nuevos centros sean financiados con recursos de la Unión Europea. No obstante, esa financiación todavía no ha sido autorizada por las instituciones comunitarias. Los Estados miembros deberán negociar los costos, las responsabilidades y los mecanismos de supervisión. La cobertura económica representa uno de los principales asuntos pendientes dentro de la propuesta. La crisis de Ceuta aceleró el debate sobre la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea. La llegada masiva de migrantes desde Marruecos desbordó temporalmente la capacidad de respuesta del enclave español.
El episodio provocó fuertes diferencias entre Madrid, Roma y otros gobiernos europeos. Italia sostiene que la situación demuestra la necesidad de aplicar una política de retornos mucho más firme. El Gobierno italiano también ha criticado la estrategia migratoria del presidente español Pedro Sánchez. Roma considera que algunas decisiones de Madrid podrían transmitir un mensaje de excesiva apertura hacia la inmigración irregular. España, por su parte, reclama solidaridad europea y mayor cooperación con Marruecos. Estas diferencias amenazan con convertir la crisis migratoria en una nueva disputa política dentro de la Unión.
El modelo que Italia aplica en Albania ha enfrentado numerosos problemas legales, financieros y operativos. Los centros construidos allí han recibido muchas menos personas de las inicialmente previstas. Varias decisiones judiciales han impedido validar algunos internamientos y traslados de solicitantes de asilo. Pese a esos obstáculos, Meloni pretende reactivar plenamente las instalaciones antes de finalizar el año.
Organizaciones humanitarias advierten que los centros situados fuera de Europa podrían debilitar la protección de los derechos fundamentales. Exigen garantías de acceso a abogados, atención médica, supervisión independiente y procedimientos de asilo transparentes. También temen que las instalaciones se conviertan en espacios de detención prolongada sin suficiente control judicial.
Italia responde que cualquier proyecto europeo deberá respetar las leyes internacionales y comunitarias. La propuesta abrirá una negociación compleja sobre el futuro de la política migratoria europea. Algunos gobiernos respaldan la externalización de los retornos, mientras otros cuestionan su legalidad, costo y eficacia. La decisión final dependerá del apoyo político, los acuerdos con terceros países y las garantías ofrecidas a los migrantes. La crisis de Ceuta ha colocado nuevamente la inmigración en el centro del debate estratégico de Europa.
