El gobierno de Estados Unidos enfrenta uno de los cierres más tensos de los últimos años. A diez días de iniciado el cierre parcial del gobierno federal, la Casa Blanca confirmó este viernes que se han comenzado despidos sustanciales de empleados en múltiples agencias federales. La noticia fue anunciada por el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought, quien escribió en sus redes sociales que “las reducciones de personal han comenzado”, en referencia a los despidos masivos que afectan diversas dependencias.
Entre las agencias más golpeadas se encuentran los departamentos de Educación, Salud y Servicios Humanos, Comercio, Tesoro y la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA), esta última conocida por haber mantenido desacuerdos con la actual administración. Según informes de Reuters y Politico, el Departamento de Educación ya ha comenzado a emitir notificaciones de despido, mientras que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) se prepara para suspender a casi la mitad de su personal debido a la falta de presupuesto. En tanto, la Agencia de Ciberseguridad fue una de las primeras en recibir recortes permanentes, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad del país para responder a posibles amenazas digitales.
Este cierre gubernamental, que comenzó el 1 de octubre de 2025 a la medianoche, se produjo después de que el Congreso no lograra aprobar una extensión presupuestaria para el nuevo año fiscal. Como resultado, aproximadamente 900,000 empleados federales fueron enviados a casa sin sueldo (“furlough”), mientras que otros 700,000 continúan trabajando sin recibir pago hasta que se apruebe un nuevo presupuesto.
Las consecuencias del cierre ya se sienten en todo el país: agencias reguladoras como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) han suspendido la mayoría de sus operaciones, manteniendo únicamente personal esencial. El impacto económico también se amplía a contratistas privados y proveedores que dependen de contratos federales, afectando miles de empleos indirectos. Lo que hace particularmente polémico este cierre es la decisión del gobierno de utilizar despidos permanentes en lugar de suspensiones temporales, como ocurría en administraciones anteriores.
Esta medida ha sido calificada por expertos como “sin precedentes” y ha provocado una ola de demandas por parte de sindicatos federales, que alegan que estas acciones podrían violar la legislación que regula los cierres presupuestarios. Los sindicatos también advirtieron que, a diferencia de cierres anteriores, esta vez el gobierno podría negarse a ofrecer compensación retroactiva a los empleados despedidos, lo que profundizaría la crisis laboral en el sector público.
Desde la Casa Blanca, los portavoces justificaron la medida argumentando la necesidad de “reducir el tamaño del gobierno y priorizar la eficiencia del gasto público”. Sin embargo, los analistas advierten que los recortes masivos podrían tener consecuencias a largo plazo en áreas sensibles como educación, salud, tecnología y seguridad nacional. La situación ha generado una profunda división política en Washington.
Mientras los republicanos defienden la postura de recortar gastos y reformar la estructura federal, los demócratas acusan al Ejecutivo de usar el cierre como herramienta política para desmantelar instituciones clave. En medio del caos administrativo, miles de empleados públicos y contratistas enfrentan incertidumbre sobre su futuro laboral, mientras el Congreso continúa estancado en negociaciones que no muestran señales de avance.
Estados Unidos, una vez más, se encuentra ante el reto de conciliar la política con la estabilidad económica, en un cierre de gobierno que amenaza con prolongarse más de lo previsto y dejar una huella duradera en la administración pública.
