El exalcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, se encuentra desde marzo en una prisión de alta seguridad, acusado de corrupción, lavado de dinero y creación de una organización criminal, según informó el medio Türkiye Today. La acusación formal, de 3.900 páginas, involucra a 402 personas y solicita para el líder opositor una pena máxima de hasta 2.352 años de prisión. İmamoğlu, una de las figuras más populares de la oposición turca y miembro del Partido Republicano del Pueblo (CHP), fue arrestado en marzo bajo cargos de terrorismo y corrupción, y destituido de su cargo como alcalde. Desde entonces, permanece en custodia mientras avanza el proceso judicial.
Una acusación de gran alcance
El equipo legal de İmamoğlu sostiene que las acusaciones son “completamente infundadas” y confía en que el juicio concluirá con su absolución total. Según el abogado del partido, las evidencias presentadas por la fiscalía carecen de fundamento jurídico, y el proceso responde a una interpretación política de la justicia. La Fiscalía General de Turquía, sin embargo, sostiene que las investigaciones fueron realizadas de forma independiente y que existen pruebas suficientes para mantener los cargos presentados.
Reacciones nacionales e internacionales
La detención de İmamoğlu provocó las mayores manifestaciones en Turquía en más de una década, con miles de ciudadanos pidiendo su liberación. Críticos del gobierno afirman que el caso busca debilitar al principal partido opositor, luego de que el CHP obtuviera un resultado histórico en las elecciones locales de 2024, superando al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del presidente Recep Tayyip Erdoğan. Desde entonces, el CHP ha denunciado una ola de arrestos contra sus miembros: más de 400 militantes y 17 alcaldes locales se encuentran bajo proceso judicial. El gobierno, por su parte, rechaza cualquier injerencia política y defiende la independencia del poder judicial. Cuestionamientos internacionales
Diversas organizaciones internacionales y la Comisión Europea han pedido a Ankara garantías procesales y transparencia judicial en el caso, destacando la importancia de mantener la confianza en las instituciones democráticas del país.
