El gobierno socialista de España ha anunciado su intención de consagrar el derecho al aborto en la Constitución, con el objetivo de protegerlo de eventuales retrocesos políticos. La propuesta, presentada como una medida de “garantía de libertad y autonomía para las mujeres”, busca blindar uno de los avances sociales más significativos de las últimas décadas.
“En un contexto global de ataques a los derechos sexuales y reproductivos, este paso es necesario para asegurar la libertad de decidir”, declaró el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, subrayando que el debate no solo es jurídico, sino también ético y social. Sin embargo, las posibilidades de éxito son limitadas. Para modificar la Constitución española se requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso, una cifra que el Partido Socialista (PSOE) y su socio de coalición
Sumar no alcanzan con su actual representación minoritaria. Los principales partidos de la oposición, Partido Popular (PP) y Vox, ya han manifestado su rechazo frontal a la iniciativa. La tensión en torno al tema se ha intensificado en los últimos meses. En la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, se aprobó recientemente una ley que obliga a los centros de salud a advertir sobre un supuesto “trauma postaborto”.
La medida fue duramente criticada por expertos médicos y organismos internacionales, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aclarado que no existe evidencia científica de un síndrome de este tipo. En otras regiones, como Castilla y León, los gobiernos conservadores intentaron imponer que las mujeres escuchen los latidos del feto y vean una ecografía 4D antes de abortar, una norma que finalmente no prosperó por contradecir la legislación nacional.
Pese a las resistencias, el gobierno central recuerda que los hospitales públicos están legalmente obligados a garantizar el acceso al aborto y que la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios “no puede ser un obstáculo para la salud de las mujeres”.
En España, el aborto fue parcialmente despenalizado en 1985 y, desde 2010, puede realizarse libremente hasta la semana 14 de gestación. Solo un país en el mundo, Francia, ha dado el paso de incluir este derecho en su Constitución, al hacerlo en 2024, un precedente que ahora inspira el debate español.
