Madagascar atraviesa una ruptura institucional abierta tras semanas de protestas iniciadas el 25 de septiembre por cortes de electricidad de más de doce horas y problemas de agua. Las movilizaciones, impulsadas sobre todo por jóvenes sin perspectivas, escalaron en tamaño e intensidad. En ese contexto, el presidente Andry Rajoelina salió del país y trató de disolver el parlamento para frenar una votación de destitución. 

La Cámara igualmente votó en su contra, decisión que la presidencia tachó de ilegal. A continuación, la unidad de élite CAPSAT, al mando del coronel Michael Randrianirina, asumió el control. Los militares anunciaron la suspensión de la Constitución, la disolución del Senado y de la Corte Constitucional Suprema, y la creación de un consejo integrado por fuerzas armadas y policía.

Ese consejo, según adelantaron, nombrará un primer ministro para encabezar un gobierno civil, mientras la Asamblea Nacional continuará funcionando. La junta sostiene que su objetivo es restaurar el orden y organizar la transición. El saldo humano de la crisis es grave. Según la ONU, al menos 22 personas han muerto y más de cien resultaron heridas, aunque el gobierno redujo el número a doce, a los que calificó como “saqueadores” y “ladrones”.

De cara a los próximos meses, la transición es incierta. Los retos inmediatos pasan por contener la violencia, restablecer servicios básicos (luz y agua), definir un cronograma para el primer ministro y el gabinete, y establecer mecanismos de verificación sobre el uso de la fuerza y el respeto a la actividad legislativa.

El país, uno de los más pobres de África, entra así en un capítulo delicado. El éxito dependerá de tres factores: calma en las calles, servicios mínimos restablecidos y una hoja de ruta verificable hacia un gobierno civil operativo. Sin esos pilares, la transición corre el riesgo de estancarse y agravar la crisis social.