La milicia Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) se apoderó de Al-Fashir, última gran ciudad de Darfur que permanecía bajo control del gobierno sudanés, tras la retirada del ejército el lunes. Naciones Unidas estima que hasta 300.000 personas siguen en la ciudad y advierte de una escalada con alto riesgo de asesinatos, torturas, violaciones y desplazamientos por motivos étnicos. 

Desde el domingo, cuando las RSF proclamaron la toma total, se multiplican los reportes de ejecuciones arbitrarias y ataques contra civiles, mientras miles de desplazados huyen hacia zonas cercanas en busca de refugio. La condena internacional crece. El Ministerio de Exteriores alemán denunció que combatientes de las RSF han penetrado profundamente en la urbe “matando indiscriminadamente” y exigió el cese inmediato de la violencia.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó que el “riesgo de nuevas violaciones y atrocidades a gran escala” aumenta día a día y pidió medidas urgentes para proteger a la población. El secretario general António Guterres instó a las partes —las fuerzas armadas y las RSF— a contactar de inmediato a su enviado para Sudán, Ramtane Lamamra, y a dar pasos verificables hacia una solución negociada, además de garantizar acceso humanitario sin trabas.

El trasfondo es una guerra por el poder que estalló en abril de 2023 entre Abdel-Fattah al-Burhan y su exnúmero dos, Mohamed Hamdan Daglo, líder de las RSF. Mientras el ejército ha logrado recuperar espacios en Jartum, la milicia consolidó su dominio en Darfur, bordeando una partición fáctica del país. No hay cifras fiables de víctimas, pero estimaciones citadas por Estados Unidos hablan de hasta 150.000 muertos; más de doce millones han sido desplazados y alrededor de 26 millones —casi la mitad de la población— enfrentan riesgo de hambre.

Al-Fashir y su entorno llevan más de dieciocho meses como epicentro de sufrimiento: desnutrición, enfermedad y violencia cotidiana que hoy, con la caída de la ciudad, amenazan con un nuevo abismo.