Para sustentar la acusación penal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la fiscalía de Estados Unidos afirma haber reunido durante años un amplio conjunto de pruebas que incluyen grabaciones, testimonios de informantes y procesos judiciales previos. Con este material, los fiscales buscan demostrar la existencia de una presunta estructura criminal transnacional que habría operado desde Venezuela hacia Colombia, México y Estados Unidos, con protección política al más alto nivel del poder estatal.
Según la acusación, esta red no habría sido un fenómeno aislado ni circunstancial, sino una operación sostenida en el tiempo, con vínculos estables con organizaciones armadas y cárteles del narcotráfico. La fiscalía sostiene que el aparato estatal venezolano fue utilizado, al menos en parte, para facilitar el tráfico de drogas y garantizar impunidad a los involucrados. Un elemento central del caso es la reciente declaración de culpabilidad, realizada este verano ante un tribunal de Nueva York, por parte de un exalto funcionario del régimen.
Ese mismo tribunal será ahora el encargado de juzgar el proceso penal que involucra directamente a Maduro, lo que refuerza la relevancia internacional y política del expediente judicial. En la acusación formal, de 25 páginas, figuran seis personas. Además de Maduro, están imputados su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito” o “El Príncipe”. También aparecen el actual ministro del Interior y de Justicia, Diosdado Cabello, su antecesor Ramón Chacín, y Héctor Guerrero Flores, señalado como uno de los líderes criminales más peligrosos del país.
Guerrero Flores, de 42 años, es descrito por investigadores estadounidenses como el cabecilla del grupo criminal Tren de Aragua. Según la fiscalía, esta organización evolucionó de una banda penitenciaria a una “organización terrorista transnacional”, con presencia en varios países y participación directa en actividades de narcotráfico, extorsión y violencia organizada. La acusación contempla cuatro cargos principales: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos explosivos, y conspiración para poseer este tipo de armamento.
Los fiscales aclaran que los cargos relacionados con armas están directamente vinculados al narcoterrorismo y no constituyen una acusación genérica por tenencia ilegal. El cargo más grave, el de narcoterrorismo, recae exclusivamente sobre Maduro, Cabello y Chacín. De ser declarados culpables, podrían enfrentar condenas de varias décadas de prisión. Sin embargo, por el momento, solo Maduro y su esposa se encuentran bajo custodia estadounidense, mientras que el resto de los acusados permanece fuera del alcance inmediato de la justicia.
De acuerdo con la fiscalía, los acusados aceptaron sobornos, toleraron o facilitaron el contrabando de drogas, ofrecieron protección diplomática y proveyeron armas a organizaciones criminales. En el caso del hijo de Maduro, se le acusa incluso de haber transportado cocaína en aviones. La acusación señala que Cilia Flores habría recibido “cientos de miles de dólares” en 2007 para facilitar una reunión entre un narcotraficante y el director de la Oficina Antidrogas de Venezuela. El documento judicial enumera 19 episodios concretos que ilustran estas prácticas.
Entre ellos figura el caso de un oficial de la Guardia Nacional venezolana, acusado en un proceso separado y actualmente prófugo, que habría cargado cocaína en aeronaves junto con sus subordinados. Reiteradamente, la fiscalía sostiene que se pagaban sobornos para que los cárteles pudieran operar sin interferencias. Entre los grupos mencionados aparecen el cártel mexicano de Sinaloa, las organizaciones colombianas FARC y ELN, el Cártel del Noreste y el propio Tren de Aragua. En cambio, el llamado “Cártel de los Soles”, un término frecuentemente utilizado en el discurso político estadounidense, solo aparece de manera marginal en la acusación formal. No obstante, grabaciones incluidas en el expediente recogen conversaciones de sobrinos de Maduro que, en 2015, se reunieron con agentes encubiertos de la DEA.
En ellas, hablaron sobre la posibilidad de enviar grandes cargamentos de cocaína a través del hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía y expresaron hostilidad directa hacia Estados Unidos, alardeando de sus vínculos con las FARC. Un papel clave en la investigación lo desempeña el exjefe de inteligencia militar Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como “El Pollo”. Tras ser arrestado en España en 2021 y extraditado a Estados Unidos tres años después, se declaró culpable este verano de cargos de narcoterrorismo en Nueva York. Poco después, Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, al considerarlo ahora líder del llamado Cártel de los Soles.
La acusación actual difiere de la presentada en 2020. En aquella ocasión, el foco estaba puesto en la relación entre el estamento militar venezolano y las FARC. En la versión más reciente, los investigadores ampliaron el periodo del delito hasta 2025, redefinieron prioridades y reforzaron el caso con nuevas pruebas y testimonios. De cara al futuro judicial, Maduro y su esposa se declararon no culpables y, por el momento, no solicitaron libertad bajo fianza.
Según estimaciones del New York Times, el proceso podría tardar hasta un año en llegar a la fase de juicio con jurado. La defensa previsiblemente cuestionará la jurisdicción estadounidense y el estatus de Maduro como jefe de Estado, un debate que podría convertirse en uno de los ejes centrales de un caso con profundas implicaciones políticas y diplomáticas.
