Google, a través de su plataforma YouTube, llegó a un acuerdo para pagar 24.5 millones de dólares con el fin de resolver una demanda interpuesta por el expresidente Donald Trump tras la suspensión de su cuenta en enero de 2021, después del asalto al Capitolio. De acuerdo con los documentos judiciales, del monto total pactado, 22 millones de dólares se destinarán al “Trust for the National Mall” con el objetivo de financiar la construcción de un nuevo Salón de Baile estatal en la Casa Blanca, mientras que los restantes 2.5 millones serán repartidos entre otros demandantes, incluidos la American Conservative Union y la escritora Naomi Wolf, quienes también formaban parte de la acción legal.
El acuerdo se alcanzó apenas unos días antes de una audiencia clave en un tribunal federal de California, donde el caso amenazaba con prolongarse y atraer mayor exposición mediática. YouTube, al igual que otras grandes plataformas tecnológicas, había decidido suspender las cuentas de Trump argumentando que sus publicaciones podrían incitar a la violencia y desinformación, una medida que en su momento generó un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales y el poder que ejercen las empresas privadas sobre la comunicación política.
Aunque la compañía no admitió culpa ni modificó sus políticas de uso, la decisión de llegar a un acuerdo económico coloca a Google en la misma línea que otras compañías como Meta (Facebook) y X (antes Twitter), que previamente habían desembolsado 25 y 10 millones de dólares respectivamente para cerrar litigios similares. El expresidente Trump ha mantenido que las suspensiones fueron un ataque directo a sus derechos de la Primera Enmienda y un intento deliberado de silenciar voces conservadoras en el ámbito digital.
Sus abogados calificaron el arreglo como una victoria simbólica que demuestra que las grandes tecnológicas no son intocables, mientras que críticos aseguran que el monto es insignificante para un gigante como Google y no implicará un cambio sustancial en sus políticas de moderación de contenido. Más allá de lo económico, este acuerdo abre un nuevo capítulo en la tensión entre las plataformas digitales y el mundo político, marcando un precedente sobre cómo se manejan los casos de líderes influyentes cuyas publicaciones pueden tener un impacto directo en la opinión pública y la estabilidad democrática.
Para los analistas, la resolución refleja un equilibrio: evitar un juicio largo y polémico, pero sin alterar la postura de las tecnológicas en torno a la moderación del discurso en línea.
