Resulta imposible ignorar la enorme contradicción entre la riqueza acumulada por los líderes de Hamas y la pobreza extrema en la que vive la población de Gaza. Se estima que esta élite política y militar maneja fortunas de miles de millones de dólares, mientras las familias palestinas sobreviven con hambre, desempleo y ruinas tras años de conflicto.

No estamos ante un movimiento que se sacrifique por la libertad de su pueblo, sino frente a dirigentes que han hecho del sufrimiento ajeno una fuente de poder económico y político.

Gran parte de estos fondos provienen de donaciones internacionales desviadas, impuestos ilegales a la población y negocios turbios en el extranjero, configurando un claro caso de enriquecimiento ilícito. Lo más indignante es que este dinero, que podría aliviar la crisis humanitaria en Gaza, termina en mansiones, lujos y cuentas privadas.

Hamas, que se presenta como defensor de Palestina, debería responder no solo por crímenes de guerra, sino también por la corrupción y el saqueo de los recursos que pertenecen al pueblo que dicen representar.

Al igual que Israel, estos dirigentes también deberían ser juzgados en una Corte Penal Internacional, porque la justicia no puede ser selectiva ni parcial cuando se trata de crímenes contra la humanidad y actos de corrupción a gran escala.