Un grave ciberataque ha sacudido al Departamento de Justicia de Estados Unidos, comprometiendo de manera directa los sistemas informáticos del poder judicial federal. Según reveló el medio Politico el pasado 6 de agosto, el sistema CM/ECF —responsable de la gestión y archivo electrónico de casos judiciales— así como el portal público PACER, han sido víctimas de una intrusión informática de gran escala.
Esta vulneración de seguridad, considerada una de las más graves en la historia reciente del sistema judicial estadounidense, habría comenzado a ser detectada a inicios de julio, aunque aún se desconocen muchos detalles sobre la magnitud del ataque. Lo más preocupante del caso es que los cibercriminales habrían accedido a documentos altamente sensibles, incluyendo acusaciones selladas, investigaciones confidenciales y otros archivos que involucran agencias de inteligencia, fiscales y fuerzas del orden.
De confirmarse este extremo, se trataría de una brecha crítica con implicaciones legales y de seguridad nacional, ya que podría haber expuesto identidades protegidas y estrategias de investigación federal. Funcionarios del Octavo Circuito Judicial han sido notificados formalmente del incidente, y las investigaciones están siendo lideradas por el FBI y el Departamento de Justicia.
Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas entidades ha emitido declaraciones públicas detalladas sobre el suceso. El carácter reservado de la información sugiere que se está tratando con extrema cautela, posiblemente debido al riesgo de comprometer aún más datos sensibles. Se sospecha que el ciberataque podría haber sido perpetrado por un grupo vinculado a actores estatales extranjeros o por organizaciones del crimen cibernético altamente sofisticadas.
El hecho de que hayan logrado infiltrarse en uno de los sistemas más resguardados del aparato judicial estadounidense ha generado alarma en distintos sectores políticos y de seguridad, reavivando el debate sobre la ciberseguridad en las instituciones públicas del país. Este ataque recuerda a incidentes anteriores, como el ataque de SolarWinds y la filtración masiva de datos del OPM, y pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas digitales del gobierno frente a amenazas cibernéticas cada vez más complejas.
Las autoridades han prometido transparencia una vez que la investigación avance, pero por ahora la prioridad es contener el daño y evaluar qué tipo de información ha sido comprometida. Mientras tanto, miles de usuarios del sistema judicial, desde abogados hasta periodistas, se enfrentan a la incertidumbre sobre el futuro del acceso seguro a los registros judiciales en línea.
