Un comité de la ONU encendió las alarmas internacionales al revelar informes creíbles que apuntan a que el régimen de Corea del Norte estaría llevando a cabo experimentos médicos y científicos en seres humanos, particularmente en personas con discapacidades. Los hallazgos, presentados en Ginebra, describen prácticas profundamente inhumanas como esterilizaciones forzadas, abortos obligados y el asesinato de recién nacidos con malformaciones o discapacidades visibles.
Según los reportes, estas prácticas habrían tenido lugar en instituciones pediátricas y centros de detención, donde los pacientes fueron sometidos a pruebas clínicas sin su consentimiento libre e informado, en abierta violación de las normas internacionales de derechos humanos. El comité manifestó “profunda consternación” al señalar que estas políticas no parecen ser incidentes aislados, sino parte de una estructura institucional que busca eliminar a personas con discapacidades físicas, intelectuales o psicosociales.
Testimonios recopilados por activistas y desertores coinciden en que los niños con condiciones visibles eran separados de sus familias y enviados a instalaciones estatales de donde muchos jamás regresaban. Los expertos de la ONU también condenaron los informes de infanticidios autorizados, los cuales reflejan una intención sistemática de invisibilizar y exterminar a los más vulnerables dentro de la sociedad norcoreana.
Como respuesta, el comité instó al gobierno de Pyongyang a criminalizar de inmediato todos los experimentos médicos en personas con discapacidad, a establecer mecanismos de supervisión independiente y a garantizar vías de reparación para las víctimas y sus familias. Subrayaron que la integridad corporal y la autonomía de las personas deben ser reconocidas como derechos inalienables, y que el uso de seres humanos como “material de prueba” constituye un crimen contra la humanidad.
Estos informes se suman a un largo historial de acusaciones sobre abusos sistemáticos en Corea del Norte, que incluyen torturas, trabajos forzados y experimentación biológica en prisioneros políticos. Aunque durante décadas muchas de estas denuncias fueron atribuidas únicamente a testimonios de desertores, la verificación y difusión por parte de un organismo internacional como la ONU otorga mayor peso y credibilidad a estas acusaciones.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que, de confirmarse plenamente, estas prácticas podrían motivar acciones en cortes internacionales y abrir un nuevo capítulo en la presión diplomática sobre el régimen de Kim Jong-un. La comunidad internacional, hasta ahora limitada por la falta de acceso directo a Corea del Norte, enfrenta el reto de cómo responder ante denuncias de tal magnitud.
Los expertos señalan que, más allá de las sanciones económicas ya vigentes, se necesitan mecanismos de monitoreo independientes y presión multilateral para evitar que estas prácticas continúen en secreto. Mientras tanto, las víctimas siguen siendo invisibles, atrapadas en un sistema hermético que no permite voces críticas ni transparencia, lo que convierte a estas revelaciones en un llamado urgente a la acción global.
