Cinco años después de las multitudinarias protestas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, el tema vuelve a estar en el centro de la atención pública en Estados Unidos, esta vez con consecuencias directas dentro de la principal agencia de investigación del país. Varios agentes del FBI han sido despedidos tras conocerse que, durante una manifestación del movimiento “Black Lives Matter” en Washington en 2020, se arrodillaron como gesto de solidaridad, gesto que fue ampliamente fotografiado y difundido en redes sociales y medios internacionales.
Según reveló la agencia Reuters y otros medios, los despidos afectarían a entre 15 y 22 agentes, aunque las cifras exactas no han sido confirmadas oficialmente. Muchos de estos oficiales habían sido transferidos internamente en 2023, pero el viernes pasado se confirmó su salida definitiva como parte de una ola más amplia de reestructuración bajo la nueva dirección del FBI. La medida llega después de que Kash Patel, cercano aliado del presidente Donald Trump, asumiera la dirección de la institución con el respaldo del Senado de mayoría republicana en febrero de este año.
Fuentes internas consultadas por Reuters señalaron que los agentes no actuaron con intenciones políticas, sino que intentaron calmar tensiones en un ambiente de extrema confrontación. Sin embargo, para sectores conservadores y críticos de las protestas, aquel gesto fue visto como una muestra de alineamiento con un movimiento que cuestionaba directamente a las fuerzas de seguridad del país. La Asociación de Agentes del FBI (FBIAA) reaccionó de inmediato, condenando “enérgicamente el despido injustificado de más de una docena de agentes especiales”, entre ellos veteranos militares protegidos por normativa especial.
En un comunicado, la FBIAA denunció que los agentes no recibieron un juicio justo y que se vulneraron sus derechos laborales. “En lugar de garantizar un proceso transparente, el director Patel ignoró las garantías legales y volvió a violar la ley”, expresó la organización. El caso reaviva la memoria del asesinato de George Floyd, que desató una ola de protestas históricas contra la violencia policial y el racismo sistémico. El expolicía Derek Chauvin, quien presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante más de nueve minutos, fue condenado a 22 años y seis meses de prisión en 2021 y sufrió un ataque con arma blanca dentro de la cárcel a finales de 2023.
Aquellas protestas fueron también recordadas por la polémica actuación de Donald Trump, que ordenó despejar con gases lacrimógenos y balas de goma la zona cercana a la Casa Blanca antes de posar con una Biblia en Lafayette Square, en uno de los momentos más criticados de su mandato. El episodio se enmarca, además, en un clima de crecientes tensiones dentro del FBI. A inicios de mes, el exdirector interino Brian Driscoll y otros altos funcionarios presentaron una demanda contra la administración Trump, alegando despidos injustificados en una “campaña de represalia” contra aquellos considerados insuficientemente leales.
Según el testimonio de Driscoll, Patel habría recibido órdenes directas de despedir a cualquier funcionario vinculado a investigaciones criminales sobre Trump, bajo la amenaza de perder su propio cargo. La situación abre un debate profundo sobre la independencia de las instituciones de seguridad, el legado de las protestas por Floyd y el rumbo que toma la administración en su relación con las fuerzas del orden en un país aún marcado por heridas sociales y raciales sin cerrar.
