Israel afronta una creciente ola de condenas internacionales tras la aprobación, por parte de su Gabinete de Seguridad, de un plan para tomar el control de la Ciudad de Gaza, una decisión que intensifica la crisis en la región y despierta serias preocupaciones humanitarias. 

La medida, presentada por el primer ministro Benjamin Netanyahu como parte de una estrategia para debilitar a Hamás y garantizar la seguridad de Israel, ha sido criticada por la Unión Europea, Naciones Unidas, Alemania, Bélgica, Arabia Saudita, Pakistán y otros países, que advierten sobre el riesgo de una catástrofe humanitaria sin precedentes. Organizaciones humanitarias han alertado que la operación podría provocar el desplazamiento forzoso de hasta un millón de palestinos, sumando más presión a una población ya castigada por el bloqueo, la escasez de alimentos y medicinas, y la destrucción de infraestructuras esenciales.

La reacción internacional ha sido acompañada por manifestaciones en diversas ciudades del mundo y protestas dentro de Israel, donde sectores de la sociedad y familiares de rehenes reclaman una solución diplomática que priorice la liberación de prisioneros y el cese de las hostilidades.

Egipto y Qatar, en su papel de mediadores, han intensificado los contactos para proponer un acuerdo que incluya el intercambio de rehenes y garantías de seguridad, mientras las tensiones aumentan en la frontera y la comunidad internacional insiste en la necesidad de un alto al fuego inmediato.

La decisión israelí no solo marca un punto de inflexión en el conflicto, sino que también agrava el aislamiento diplomático de Tel Aviv, que ahora enfrenta un escenario de mayor presión política y moral en el ámbito global.