En tiempos de desorden y caos, un liderazgo firme no es una amenaza: es una necesidad.

En los últimos días, Los Ángeles ha sido escenario de manifestaciones y disturbios tras las redadas migratorias lideradas por el ICE. Estas operaciones, que culminaron con la detención de más de un centenar de personas en situación irregular, han generado reacciones en cadena por parte de ciertos sectores políticos, organizaciones activistas y ciudadanos indignados.

Sin embargo, es necesario detenernos a analizar los hechos desde una perspectiva distinta, menos emocional y más basada en el deber constitucional del gobierno federal. La decisión del expresidente Donald Trump de autorizar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y marines en zonas donde las protestas amenazaban con convertirse en violencia urbana no debe verse como un acto de represión, sino como una respuesta contundente ante la inseguridad y el colapso del orden público.

El caos no puede ser tolerado en una sociedad que se rige por leyes, y ningún líder responsable puede darse el lujo de ceder ante la presión de las calles cuando hay vidas, propiedades y la estabilidad nacional en juego. Es importante recordar que la soberanía de una nación también se defiende en su frontera interna, y eso incluye hacer cumplir las leyes migratorias. Estados Unidos tiene un sistema legal para regular la entrada y permanencia de extranjeros, y quienes lo transgreden deben enfrentar las consecuencias previstas.

No se trata de falta de humanidad, sino de preservar el principio de justicia y equidad para quienes sí han respetado los procesos establecidos. Por otro lado, muchas de las voces que se alzan en contra del gobierno ignoran que las operaciones del ICE se realizaron en estricto apego a la ley, y que los individuos detenidos tenían procesos abiertos o antecedentes legales. Criminalizar la aplicación de la ley es un camino peligroso que puede derivar en anarquía.

La verdadera pregunta debería ser: ¿Queremos vivir en un país donde las leyes se respetan o en uno donde se ignoran cuando no nos gustan? La reacción del gobierno federal fue proporcional y preventiva. No se trató de militarizar la ciudad, sino de garantizar la paz. La presencia de las fuerzas del orden evitó que grupos radicales tomaran control de las manifestaciones y que los enfrentamientos escalaran.

Al contrario de lo que argumentan algunos sectores, el despliegue fue una medida de contención, no de ataque. Finalmente, es importante subrayar que el deber del gobierno no es agradar a todos, sino proteger a su nación. Trump fue elegido —y muchos aún lo respaldan— precisamente por su promesa de recuperar la autoridad, el respeto por la ley y el sentido de identidad nacional.

Esa promesa se cumple no sólo en los discursos, sino en momentos como este, cuando la presión exige claridad y coraje. Estados Unidos es una tierra de oportunidades, pero también es un país de leyes. Y mientras la ley sea clara, su cumplimiento no puede ser negociable.